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Madrid, 27 de mayo de 2025.
El Consejo de Ministros ha aprobado un nuevo reglamento que abre la puerta a la jubilación anticipada para los trabajadores de sectores cuya esperanza de vida es significativamente inferior a la media nacional. Esta medida busca corregir desigualdades históricas en el sistema de pensiones, teniendo en cuenta el impacto que determinadas condiciones laborales tienen en la salud y longevidad de los empleados.
Un paso hacia la equidad social
El nuevo reglamento establece un procedimiento oficial para que asociaciones profesionales, sindicatos o patronales puedan solicitar el reconocimiento de una profesión como merecedora de condiciones especiales de jubilación. Para ello, deberán presentar datos que demuestren que los trabajadores del sector tienen, como mínimo, cinco años menos de esperanza de vida en comparación con la media del conjunto de la población.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha subrayado que “no es justo que quienes han dedicado su vida a trabajos duros y con consecuencias para la salud vivan menos y, además, cobren la pensión durante menos años que otros”.
Cómo funcionará el proceso
Las organizaciones interesadas deberán justificar su petición con estudios médicos, estadísticas de mortalidad y condiciones laborales. Si el Ministerio considera que se cumplen los criterios, los trabajadores del sector podrán acceder a la jubilación anticipada sin penalización económica, o con una reducción mínima del importe de su pensión.
El procedimiento tendrá carácter periódico, permitiendo actualizar la lista de profesiones reconocidas cada cierto tiempo, según la evolución de las condiciones laborales y los datos sanitarios disponibles.
Una reforma demandada
Desde hace años, distintos colectivos han exigido que se tenga en cuenta la esperanza de vida real según la ocupación. Profesiones como la minería, la construcción, la limpieza industrial o el transporte de mercancías han estado en el foco del debate debido a sus altos índices de mortalidad prematura.
Con esta nueva normativa, el Ejecutivo responde a una demanda histórica y abre un camino para un sistema de pensiones más justo, adaptado a las realidades del mundo laboral.
